Se sancionó una reforma a la Ley de Matriculación que obliga a las instituciones privadas a publicar la disponibilidad de lugares en tiempo real, con el fin de terminar con los rechazos sin fundamento, especialmente hacia estudiantes con discapacidad.
El Cuerpo Legislativo aprobó la creación obligatoria del Registro Público de Vacantes para todos los colegios privados incorporados al sistema oficial. La reforma, sancionada con 44 votos afirmativos durante la última sesión del año, representa un avance trascendental en la búsqueda de la transparencia educativa y la equidad en el acceso a la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo principal de la nueva norma es poner fin a los obstáculos y rechazos arbitrarios que enfrentan, de forma recurrente, las familias que buscan un lugar en el sistema, especialmente aquellas con estudiantes con discapacidad o neurodivergencias.
El nuevo registro estará bajo la órbita del Ministerio de Educación de CABA, que deberá informar y mantener actualizados los datos sobre las vacantes disponibles por grado y año, tanto para el ciclo lectivo en curso como para el siguiente. Con la aprobación de esta ley, cada colegio privado tendrá la obligación de publicar la información sobre la disponibilidad de lugares en su sitio web institucional y, además, en la plataforma oficial del Ministerio. Esta disposición busca permitir que las familias conozcan en tiempo real la oferta de la capital nacional y evitar situaciones de incertidumbre o arbitrariedad en el proceso de inscripción.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña y contó con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, además del apoyo de Genoveva Ferrero, representante del Observatorio de Discapacidad de la Justicia de la Ciudad. Ocaña subrayó que la ley fue diseñada con una fuerte base en la experiencia directa de las familias. La legisladora expresó durante el debate que: “Esta reforma de Ley de Matriculación fue pensada, soñada y redactada por un equipo de profesionales especializados. Pero ante todo, esta ley no fue ideada desde un escritorio, sino que fue escrita escuchando la verdadera necesidad. La que cuentan las historias de los que están en la trinchera, personas con discapacidad que transitan la educación de nivel y sus familias”.
El contexto que motivó la reforma estuvo marcado por numerosos testimonios de familias y organizaciones civiles que denunciaron dificultades recurrentes para acceder a las vacantes, específicamente en el caso de niños con discapacidad. Durante las discusiones en la comisión de educación, presidida por el diputado Sergio Siciliano, se escucharon relatos que describieron el proceso de inscripción como un “peregrinaje doloroso”, plagado de obstáculos burocráticos y actos de discriminación.
Ferrero, desde el Observatorio de Discapacidad, destacó el profundo impacto humano y normativo de la medida. La representante afirmó que “El objetivo siempre fue simple y profundamente humano, que las familias con hijos con desafíos en nuestra Ciudad accedan a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas”. A su vez, remarcó la importancia del avance institucional: “Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido. Ponemos fin al peregrinaje doloroso de familias que durante años recorrieron instituciones rogando por un lugar donde sus hijos pudieran ejercer un derecho que jamás debió ser cuestionado”.
En el plano estrictamente normativo, la reforma introduce una exigencia crucial para los establecimientos privados: ningún colegio podrá negar la inscripción o reinscripción de un estudiante sin una “justa causa” debidamente fundamentada. Esta disposición obliga a los establecimientos a ceñirse a lo establecido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez y las personas con discapacidad. De tal modo, la reforma apunta a erradicar los rechazos sin fundamento, fortaleciendo la protección del derecho a la educación inclusiva en la capital nacional.
Las reacciones de los actores involucrados reflejaron tanto el respaldo a la medida como la conciencia de que persisten desafíos estructurales. Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva, valoró positivamente el avance que representa la ley. Sin embargo, advirtió que la transparencia es solo un paso en el camino hacia la inclusión plena. Morales expresó: “Si bien consideramos que una ley no resuelve mágicamente todos los problemas de inserción escolar que padecen los niños con neurodivergencias, creemos que este es un paso más que damos hacia la convivencia, por eso apoyamos la iniciativa desde que nos invitaron a conocer el proyecto”.
El titular de TEActiva subrayó que los problemas de fondo se resolverán cuando los establecimientos cambien su paradigma. “En Teactiva no paramos de recibir denuncias de familias que tienen gravísimos problemas para escolarizar a sus hijos, pero esto recién se va a resolver cuando los colegios se abran a la neurodiversidad”, concluyó Morales.
La sanción del Registro Público de Vacantes se llevó a cabo durante una maratónica sesión en la Legislatura porteña. El proceso de debate de esta iniciativa, que modifica la Ley 2.681, se caracterizó por la participación de múltiples actores de la sociedad civil y la búsqueda de consensos entre los distintos bloques. La nueva normativa entrará en vigencia en el próximo ciclo lectivo y buscará generar un cambio de paradigma en el acceso a la educación privada en CABA, priorizando la equidad y la plena inclusión de todos los estudiantes.
