El Gobierno porteño avanzó en una transformación profunda del sistema de transporte privado de pasajeros al anunciar un paquete de medidas que busca ordenar el funcionamiento de las aplicaciones de viaje y modernizar el servicio de taxis. La iniciativa, que comenzará a instrumentarse mediante un decreto ejecutivo y luego será enviada como proyecto de ley a la Legislatura, apunta a establecer un marco regulatorio más claro, ágil y equitativo para todos los actores del sector.
El anuncio fue encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien planteó la necesidad de actualizar un esquema que durante años convivió con tensiones, vacíos legales y exigencias consideradas obsoletas. Según explicó, la decisión busca terminar con la desigualdad de condiciones entre taxis y plataformas digitales, promoviendo una competencia más transparente y centrada en el usuario.
El nuevo enfoque parte de un diagnóstico compartido: mientras las aplicaciones crecieron al margen de regulaciones específicas, el sistema de taxis permaneció sujeto a normas rígidas, con múltiples trámites, costos elevados y requisitos que dificultaban su competitividad. En ese contexto, la reforma intenta equilibrar el escenario, simplificando procesos y eliminando cargas innecesarias.
Uno de los ejes principales es la modernización del régimen de taxis, actualmente regido por el Código de Tránsito y Transporte. La propuesta contempla una flexibilización significativa en los requisitos operativos. Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de utilizar vehículos de hasta ocho plazas, incluyendo opciones más amplias como camionetas familiares, al tiempo que se reduce la cantidad mínima de pasajeros exigida. Esta modificación permitirá incorporar unidades más económicas y adaptadas a diferentes demandas.
A su vez, se eliminarán exigencias históricas que habían quedado desactualizadas. Entre ellas, la capacidad mínima obligatoria de baúl, los límites en vehículos accesibles, la obligatoriedad de turnos fijos y el uso de uniforme para los conductores. También se simplificará la transferencia de licencias, suprimiendo la necesidad de intervención de escribanos y reduciendo la burocracia asociada.
Otro cambio clave será la digitalización de procesos. Las tradicionales tarjetas físicas identificatorias podrán ser reemplazadas por versiones digitales, y se avanzará en la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar la operatoria diaria, como pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes mediante aplicaciones móviles.
En paralelo, el proyecto de ley incluirá una fuerte reducción de costos para el sector. Se prevé la eliminación de tasas vinculadas a la transferencia de licencias, renovaciones y modificaciones administrativas. Además, dejará de ser obligatoria la adhesión a determinados sistemas como BA Taxi, lo que otorgará mayor libertad de elección a los conductores.
En cuanto a las plataformas digitales, la iniciativa apunta a su normalización dentro de un marco legal específico. Los vehículos deberán contar con la Verificación Técnica Vehicular al día y un seguro adaptado a este tipo de actividad, mientras que los conductores deberán tener más de 21 años y poseer licencia profesional. Para facilitar la transición, se establecerá un plazo de 90 días y un proceso simplificado para la regularización.
El plan también incorpora incentivos para la renovación del parque automotor. A través de líneas de financiamiento del Banco Ciudad, se promueve la incorporación de taxis eléctricos, en línea con una estrategia más amplia de electromovilidad. Los créditos ofrecen condiciones accesibles, con montos significativos, plazos extendidos y tasas fijas, con el objetivo de acelerar la transición hacia vehículos más sustentables.
La reforma se inscribe en una política más amplia de simplificación administrativa. Durante el último año, ya se habían eliminado costos en numerosos trámites del sector y se había habilitado la posibilidad de incorporar publicidad en los taxis, generando nuevas fuentes de ingresos.
El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán mejorar la calidad del servicio, reducir tiempos de espera, aumentar la seguridad y ofrecer más opciones a los usuarios. Al mismo tiempo, busca cerrar una etapa de conflicto entre taxistas y plataformas, promoviendo una convivencia basada en reglas claras y actualizadas.
Con este paquete de cambios, la administración porteña intenta reposicionar al sistema de transporte privado en sintonía con las nuevas dinámicas urbanas, donde la tecnología, la flexibilidad y la experiencia del usuario se han vuelto factores determinantes. La discusión legislativa será el próximo paso para consolidar una reforma que promete redefinir el mapa de la movilidad en la Ciudad.
