Se debe a un fallo que tomó la Justicia porteña en el marco de un amparo colectivo iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en 2019, que le ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada.
El acceso al derecho a la educación de las personas con discapacidad en nuestro país está minado por una incesante negativa de instituciones privadas donde muchas familias con algún integrante con discapacidad deben recorrer decenas de escuelas hasta encontrar alguna que se digne a abrirle las puertas y, si no lo logran, son expulsadas del sistema o forzadas a asistir a centros especiales.
Con el objetivo de componer esta situación, en 2019 demandaron judicialmente al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA, donde solicitaba que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada.
Desde la Asociación ACIJ, redactaron un comunicado donde explican la situación de la denuncia: “En esa oportunidad, denunciamos que estas instituciones negaban sistemáticamente el ingreso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que el Gobierno omitía controlarlas y sancionarlas. Desde la asociación argumentamos que dichas conductas vulneran el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014”.
A partir de la denuncia, el pasado 23 de junio, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo, la medida tuvo sus precedentes donde la justicia le ordenaba a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, algunas medidas provisorias para poner fin a esta situación y de imponer multas por sus reiterados incumplimientos.
En el fallo judicial, se declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del Gobierno porteño y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días.
En este sentido, la magistrada afirmó que la mencionada propuesta debe contemplar, como mínimo: el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.
En tanto, Patricia López Vergara consideró que la prueba presentada era contundente y resaltó que el Estado se constituye en el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva, por cuanto a través de su inacción “parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad”.
El texto del comunicado de la ACIJ concluye: “Esta decisión judicial marca un antes y un después en el movimiento de lucha en pos de este derecho. Refleja un Poder Judicial que escuchó los reclamos históricos de las personas con discapacidad y sus familias y se hizo eco de ellos. Constituye un punto de partida para transformar las políticas públicas y alcanzar, de una vez por todas, la justicia educativa”.
Por Visión Porteña
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